La instalación de cámaras de seguridad dentro de una comunidad de propietarios
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado la resolución 1399/2024 sobre la instalación de cámaras de videovigilancia en edificios bajo propiedad horizontal. Una copropietaria demandó la retirada de las cámaras, argumentando una intromisión en su intimidad y solicitando indemnización. El Tribunal abordó la limitación del derecho a la intimidad, afirmando que la videovigilancia, incluso con posible afectación, puede ser legítima si es autorizada y proporcional a la necesidad de proteger la seguridad en el edificio. La instalación se justificará si hay antecedentes de vandalismo y si no existen alternativas menos intrusivas.
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