El Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 7/2026, facilitando la instalación de energías renovables en comunidades de propietarios. A partir del 22 de marzo de 2026, se requerirá solo un tercio de votos para aprobar estas instalaciones. Los acuerdos vinculan a todos los propietarios, quienes pueden impugnar decisiones judicialmente si son contrarias a la ley.
En Catalunya, las deudas de comunidad prescriben a los diez años, no tres, como se cree erróneamente. La jurisprudencia y el Codi Civil de Catalunya respaldan esta duración, garantizando que las comunidades pueden reclamar cuotas adeudadas sin perder derechos. La gestión activa es crucial para evitar que se caduquen las deudas.
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado la resolución 1399/2024 sobre la instalación de cámaras de videovigilancia en edificios bajo propiedad horizontal. Una copropietaria demandó la retirada de las cámaras, argumentando una intromisión en su intimidad y solicitando indemnización. El Tribunal abordó la limitación del derecho a la intimidad, afirmando que la videovigilancia, incluso con posible afectación, puede ser legítima si es autorizada y proporcional a la necesidad de proteger la seguridad en el edificio. La instalación se justificará si hay antecedentes de vandalismo y si no existen alternativas menos intrusivas.
La instalación de cámaras de seguridad dentro de una comunidad de propietarios Leer entrada »
El 17 de febrero de 2023, se publicó la Ley catalana 1/2023, que modifica la Ley 18/2007 sobre el derecho a la vivienda, entrando en vigor al día siguiente. Esta ley permite a los ayuntamientos iniciar procedimientos de desahucio por precario. Aunque esta facultad podría parecer sorprendente, se basa en la legitimación por sustitución. Solo las entidades locales pueden actuar, no las Comunidades de Propietarios. Para iniciar una demanda, el propietario debe ser un gran tenedor y presentar documentación que acredite la falta de título por parte de los moradores. La administración también puede adquirir temporalmente el uso de la vivienda durante siete años para fines sociales.
