Ley arrendamientos urbanos

Signed documents, house keys, and calculator on a wooden table
Cuaderno Legal, Legislación

Decreto de vivienda 29/2026. ¿Qué cambia en alquiler y desahucios?

El 7 de octubre de 2026 se publicó el Real Decreto-ley 29/2026, que sustituye al anterior RDL 26/2026. Este decreto establece medidas urgentes relacionadas con el alquiler, hipotecas y desahucios, aplicable desde el 8 de octubre. Incluye prórrogas de contratos de alquiler, limitaciones en el aumento de rentas y protección a inquilinos en situación de vulnerabilidad. También impide compras de viviendas por debajo del 70% de su valor de mercado a grandes tenedores. Sin embargo, este decreto debe ser convalidado por el Congreso en 30 días, o perderá su validez. Los derechos e implicaciones quedan sujetos a diversas condiciones y plazos.

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Commercial lease documents and deadline calendar
Cuaderno Legal, Legislación

Las nuevas medidas de los contratos de arrendamiento de locales de negocio

El Real Decreto Ley 35/2020, publicado en vísperas de Nochebuena, establece medidas urgentes para apoyar al sector turístico, hostelería y comercio ante el impacto del estado de alarma. Destacan cambios en arrendamientos, con opciones para inquilinos de solicitar reducciones o moratorias en el alquiler hasta el 31 de enero de 2021.

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Pause symbol over Cafe & Apothecary storefront, rent agreement, invoice, and calculator
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Las medidas COVID-19 para los procedimientos de arrendamiento urbano de uso distinto de la vivienda

El Real Decreto Ley 15/2020, publicado el 22 de abril y vigente a partir del 23 de abril de 2020, regula el arrendamiento durante el estado de alarma. Establece un proceso para solicitar moratorias en el pago de alquileres, diferenciando entre grandes tenedores y propietarios más pequeños. Los arrendatarios, como autónomos y PYMEs, pueden solicitar esta moratoria si cumplen ciertos requisitos, como una reducción significativa de ingresos. Las condiciones permiten el aplazamiento sin penalización y sin intereses, con un fraccionamiento en dos años tras el estado de alarma. Se requiere documentación para probar la disminución de la actividad o ingresos.

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