El TJUE ha establecido que el plazo de prescripción para reclamar cláusulas abusivas en hipotecas no puede empezar a contar si el consumidor no conocía su carácter abusivo. Esto se contrapone a la STC 23/2026 del Tribunal Constitucional, lo que plantea interrogantes sobre la tutela efectiva del consumidor en procedimientos ordinarios tras la ejecución hipotecaria.
El Tribunal Constitucional ha dictado la STC 23/2026, que aclara que los deudores no pueden impugnar cláusulas abusivas una vez que se ha firmado el decreto de adjudicación en ejecuciones hipotecarias tras la Ley 1/2013. Este cambio cierra expectativas para muchos deudores y resalta la importancia de actuar rápidamente en estos procesos.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia relevante sobre hipotecas a tipo variable, permitiendo a los jueces examinar cláusulas por potencial abusividad. Esta decisión afecta a miles de hipotecados en Europa, subrayando la importancia de la información proporcionada por los bancos y la revisión de las condiciones del préstamo.
Muchos hipotecados no saben que la cláusula de intereses de demora en sus préstamos puede ser nula. El Tribunal Supremo declara inválida una cláusula que fijaba intereses excesivos, confirmando que los bancos no pueden evadir la nulidad aplicando un tipo más bajo. Los afectados pueden reclamar la devolución de cantidades cobradas.
En el segundo trimestre de 2024, 1448 familias perdieron sus viviendas debido a ejecuciones hipotecarias, quedando con deudas impagables que dificultan su acceso al crédito. A pesar de la disminución de estos procedimientos tras 2014, la pandemia y la inflación han incrementado las ejecuciones hipotecarias, junto con desahucios por impagos y ocupaciones. Las soluciones para los deudores son limitadas: venta de la vivienda, dación en pago, o subasta judicial. A menudo, la subasta no cubre la deuda total, dejando a los deudores con un saldo pendiente. La falta de regulación para la dación en pago agrava la situación, sugiriendo la necesidad de iniciar expedientes de segunda oportunidad.
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El Segundo Congreso de la Segunda Oportunidad, celebrado el 28 y 29 de enero, abordó la problemática de la ocupación ilegal de viviendas, impulsado por los Colegios de Abogacía de Málaga, Madrid y Barcelona. Se presentó una propuesta de reforma legislativa para enfrentar este fenómeno, que refleja la falta de inversión en vivienda social y críticas a las políticas actuales. Se analizó la tensión entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda, enfatizando que la okupación es un drama social que requiere atención legislativa. Las medidas propuestas incluyen la modificación de procedimientos penales y civiles relacionados con la ocupación de inmuebles.
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El Real Decreto Ley 6/2023, publicado en el BOE 303, introduce reformas clave en la administración de justicia en España, promoviendo la digitalización y optimización de procesos. Incluye nuevas regulaciones sobre videoconferencias y acceso a servicios judiciales electrónicos, aunque la efectividad dependerá de la dotación presupuestaria adecuada para implementar dichas medidas.
El V Congreso de Consumo de la Abogacía, celebrado en el ICAB el 23 y 24 de noviembre de 2023, abordó temas actuales como la nueva Directiva de crédito al consumo, fraudes bancarios y derechos del consumidor. Se realizaron ponencias y talleres prácticos, enfatizando la importancia de la formación en derecho de consumo.
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